Cada Vez Menos Gente Litiga Contra La Administración
Saltarse un stop acarrea una multa de 200 euros. No obstante, a un pucelano que conducía por Segovia, la broma le ha costado —por el momento— setecientos sesenta euros: los de la sanción más otros 560 por haber perdido la demanda que presentó contra al estimar injusta la infracción. "Se desplegaron medios técnicos para demostrar que el agente no podía haber visto la supuesta infracción, mas al final su palabra prevalece, merced a la conocida presunción de veracidad de los agentes", explica el letrado que llevó la defensa del conductor.
La sorpresa vino una vez desestimada la demanda del conductor, cuando el abogado del Estado se impuso unos honorarios que tresdoblaban la propia sanción, tal como notificó . A raíz de las impulsadas en dos mil once por , el criterio para imponer costas en la jurisdicción contencioso-administrativa cambió del tradicional de la temeridad al del vencimiento. Es decir, se pasó del 'quien denuncia sin fundamento paga' a, de manera directa, 'quien pierde paga'. "El ciudadano no se puede defender cuando tiene que demandar a la Administración, pues sería de locos —como ya lo es hoy— procurar defenderse frente a actos de la Administración, muchas veces arbitrarios o desmesurados", demanda el letrado, que solicita permanecer en el anonimato.
Cada año se registran prácticamente dos millones de casos menos en la vía penal y, no obstante, tardan un cuarenta y cinco por ciento más en resolverse y cada vez hay más gente con antecedentes, ¿por que?
A tenor de la información compendiada por El Confidencial de los anuarios de la del Consejo General del Poder Judicial (), este conductor ha sido uno de los pocos valientes que en los últimos años se ha atrevido a luchar contra las instituciones en los tribunales. Desde 2011, los procedimientos presentados de año en año en la vía del contencioso-administrativo han disminuido un treinta y dos por cien (de 290.000 a ciento noventa y seis mil), lo que ha motivado a su vez que la cola judicial en esta jurisdicción se haya reducido a la mitad en estos 8 años (de 380.000 casos acumulados a ciento ochenta y seis mil). Ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios han sido los grandes beneficiados de las medidas para reducir la litigiosidad, ya que cada vez menos españoles se atreven a recurrir judicialmente las decisiones de la Administración frente al peligro de ser condenados en costas.
La Ley 37/2011 se llamó 'Medidas de agilización procesal'. Y desde luego lo consiguió, "pero a base de que los ciudadanos renuncien a su derecho a reclamar, puesto que esas reglas amputan sus derechos haciendo cada vez más bastante difícil al ciudadano normal su derecho de acceso a la ", apunta el abogado. Y sentencia: "¿Quién discute una multa de 200 euros, cuando por 'pronto pago' (esto es, por no discutirla) se reduce a 100 euros; y encima si pierdes, el abogado del Estado, o sea, el Estado, cobra 560 euros más la multa en su totalidad? Pues alguien que esté absolutamente loco".
Todos en contra
Desde un primer instante, los abogados rechazaron el nuevo criterio del vencimiento para las costas por el carácter disuasorio que tendría para los ciudadanos, en especial los a nivel económico más vulnerables. "Es seguro que la imposición de costas es el factor determinante y más importante en la minoración de temas, lo que resulta singularmente grave porque ello pone de manifiesto una auténtica desprotección del ciudadano frente a la actuación de la Administración y, por qué razón no decirlo, en frente de los abusos de la Administración", señalan desde el , al paso que critican que el propósito de la reforma de 2011 "fue reducir el número de procedimientos judiciales y con ello restringir el derecho de acceso a los tribunales".
Para ciertos letrados se trata aparte de una doble imposición al ciudadano, puesto que se trata de un coste que el impositor ya está costeando por medio de sus impuestos. "A los abogados de la Administración ya les pagamos un sueldo entre todos. Además, en muchas ocasiones la administración contesta de manera plenamente automática, y hasta que no recurres no se miran los papeles. Te obligan a recurrir cuando podría ser mucho más eficaz", explica Mariola Aguilar, del Colegio de Abogados de Granada.
El rechazo masivo de los abogados al principio judicial del 'quien pierde paga' ha sido respaldado incluso por algún juez. Es el caso de José Ramón Chaves García, juez en la Sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, quien en su ha señalado la singular incidencia de este criterio en "los asuntos de menor cuantía, que casualmente son los que afectan al ochenta por cien de la población". Entre estos, Chaves cita las multas de baja cuantía, inconvenientes tributarios menores, subvenciones denegadas o permisos de funcionarios.
Las costas surten un fuerte efecto disuasorio para un asustado David, al paso que el Goliat administrativo persistirá indiferente
Chaves García amplió estas críticas en su en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia en abril de dos mil quince, al afirmar que "las costas desincentivan al particular, pero no al político ni a la Administración como persona jurídica". El juez recuerda que las administraciones afrontan el pago de las costas a cargo de los presupuestos públicos, sufragados mediante los impuestos. "Tal imposición de costas en asuntos de pequeña cuantía y para el ciudadano de economía media surte un fuerte efecto disuasorio para un asustado David, al tiempo que el Goliat administrativo persistirá indiferente", resumió el juez.
"Las grandes favorecidas en este tema son las administraciones públicas, que se han blindado con este sistema de costas, en menoscabo de la tutela judicial eficaz. El Estado legisla desde el poder legislativo y protege al poder ejecutivo", añaden desde el Consejo General de la Abogacía. Y resumen: "Al final se trata de complicar que el ciudadano pueda proteger sus derechos en frente de la Administración".
Arbitrariedad de los honorarios
Hasta dos mil once las condenas con pago de costas eran prácticamente marginales. Se reservaban para casos donde el ciudadano había recurrido con temeridad y mala fe. mejor abogado de nacionalidad española además, si bien la medida lleva ya siete años en vigor, los abogados aún no saben a qué atenerse si sus casos son condenados en costas, pues la cuantía de sus honorarios no está regulada y suelen imponerse las totales. "Es totalmente arbitrario. Tengo casos en la Audiencia Nacional que han debido pagar ochocientos euros de costas y otros hasta 1.500", explica la abogada Mónica Huerta, experta en extranjería, exactamente uno de los conjuntos frágiles a no recurrir por el riesgo de las costas.
No puede compararse al abogado de la calle con los del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del Estado
Sin embargo, cuando es la propia Administración la que debe de abonar, sí se establece un límite a las costas que el ciudadano puede cobrar tras la sentencia: "Muchas veces no cubren para nada el coste del pleito, que puede haber durado años. No contempla ni los gastos del usuario en su defensa, ni el tiempo, ni el desgaste", añade Huerta. Esta abogada denuncia asimismo que las costas se impongan en medidas cautelares y que, de nuevo, dependa del criterio de cada juez: "Es fácil saber, según el juzgado que te toque, si te va a mandar abonar costas o no. Al final, se convierte en un filtro".
"No puede equipararse al letrado de la calle", resalta el letrado de la multa de tráfico, "al profesional liberal, que debe mantener su despacho, con los abogados del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del Estado, y no se juegan nada".
Aparte de la disminución de casos judiciales contra las administraciones y el problema de la tasación de los honorarios, el criterio del vencimiento en el momento de imponer las costas ha tenido un tercer efecto colateral perverso: el porcentaje de sentencias en primera instancia dando la razón al ciudadano ha aumentado desde dos mil once. O como indica Mariola Aguilar, del Colegio de Abogados de Granada, "al final solo recurre el que está plenamente seguro de que va a ganar".
Reforma legal que va a morir con la legislatura
Paradójicamente, el propio PSOE ha presentado una , bloqueada en la Comisión de Justicia y que , para regresar a la situación anterior a la reforma legal impulsada por Zapatero en 2011 debido a "las reiteradas quejas de los trabajadores de las administraciones públicas y el trato desigual que recibían respecto de los trabajadores que llevan su demanda a la jurisdicción social, donde prácticamente no existe la condena en costas", expresa Juan Carlos Campo, portavoz socialista de Justicia en el Congreso.
"Entendemos que puede ser bueno introducir más elementos para determinar que no basta el vencimiento, sino a él debe añadirse la necesidad de que la parte vencida haya actuado de manera dolosa o bien culposa, esto es, con mala fe o bien temeridad", añade.
Sin embargo, para el miembro del Congreso de los Diputados andaluz la causa de la minoración de los asuntos judiciales en los últimos tiempos hay que procurarla tanto en la implantación de tasas judiciales en 2012 por la parte del Gobierno de Mariano Rajoy como en la crisis económica y no tanto en el cambio de criterio aprobado en las postrimerías de la presidencia de Zapatero. "Queremos valorar si una hipotética condena en costas puede llegar a ser disuasivo para el ejercicio del derecho de acceso al proceso", apunta.
Desde el , en cambio, lo tienen claro: "Frente a los privilegios de la Administración, el ciudadano se halla en una posición de inferioridad y, al menos, se debe posibilitar —en realidad se debería facilitar— su acceso a los jueces y tribunales, que son los únicos que pueden protegerles en frente de los abusos".
Fe de errores: en una versión anterior del reportaje se señalaba que José Ramón Chaves García era juez del Tribunal Superior de Justicia de Galicia cuando desde hace dos años lo es del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
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